El Mundo (Ana Belén Ramos 5-Febrero-2018)
Numerosos ayuntamientos y asociaciones vecinales ofrecen casas sin coste y alquileres baratos para animar a los urbanitas a volver a la vida rural
El progresivo crecimiento de los núcleos urbanos desde los años 50 y el paulatino desinterés por las políticas agrarias han hecho que, en las últimas décadas, miles de familias hayan abandonado los municipios en los que crecieron para instalarse en la ciudad, motivo por el que muchos de estos pueblos se han sumido en una situación demográfica crítica, llegando incluso al abandono total.
El informe Población y despoblación en España 2016, de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), afirma que más de la mitad de las localidades españolas se encuentran en riesgo de extinción, y que, en un total de 14 provincias, más del 80% de todos sus municipios no superan los 1.000 habitantes. La peor parte en número de pueblos fantasma se lo llevan provincias como Soria, Ávila, Burgos o Salamanca.
Si en el año 2000 eran 3.800 los municipios españoles que sobrevivían con menos de 500 habitantes, actualmente la cifra ya se acerca peligrosamente a las 5.000 localidades, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Para hacer frente a esta situación, numerosos ayuntamientos y asociaciones vecinales se han puesto manos a la obra para ofrecer ventajas a inmigrantes de ciudad que quieran retornar a la vida rural e impulsar, de este modo, el censo de pueblos al borde de la extinción.
Es el caso de Miravete de la Sierra, en Teruel. Este municipio del Maestrazgo es uno de los principales ejemplos del éxito de un programa de repoblación. La localidad saltó a los medios de comunicación por una campaña publicitaria en la que se definía como «el pueblo en el que nunca pasa nada», lo que supuso un reclamo para numerosos urbanitas. De esta forma, la población del municipio turolense ha aumentado más de un 489% desde el año 2000, y en 2016 el número de habitantes ya superaba la cifra de las 700 personas.
La sentencia a muerte de un pueblo se firma en el momento en que cierra el único centro educativo. Esta premisa es bien conocida en las localizaciones leonesas de Arganza y Alija del Infantado. El Ayuntamiento ha llegado a ceder viviendas a familias con hijos para que llenasen los pupitres de las escuelas, e incluso, en el caso de Alija se ofreció una ayuda de 300 euros para los nuevos inquilinos. Se trata de una fórmula seguida en decenas de municipios de la España rural, como en Peñas de San Pedro (Albacete); Puente de Vadillos (Cuenca) o Lledó (Teruel).
Por su parte, las localidades gallegas de Vilariño de Conso y Rubiá, en Ourense, propusieron una suculenta oferta: alquileres de viviendas de entre 100 y 200 euros para familias con hijos de hasta 11 años para evitar así el cierre de sus respectivos centros educativos.
La otra cara de la moneda la protagonizan, sin embargo, aquellas aldeas que no han podido frenar el éxodo y han tenido que colgar el cartel de «se vende». Galicia, Asturias y Cataluña se llevan la peor parte en número de pueblos fantasma obligados a ser traspasados al mejor postor. De hecho, sólo en Galicia se concentran 1.700 pueblos abandonados, muchos de ellos ubicados en enclaves privilegiados de mar o de montaña.
El portal más activo especializado en este tipo de ventas es AldeasAbandonadas.com, que cuenta con 96 enclaves a la venta. Algunos ejemplos son Porcieda (Cantabria), un pueblo situado en pleno Parque Nacional de los Picos de Europa, a la venta por 850.000 euros; o Ciñera (León), una localidad que cuenta con 128 viviendas y hasta campo de fútbol, que tasa su venta en 122 millones de euros.
En el verano de 2015 un incendio devastó el corazón de la Sierra de Gata, especialmente acusado en la localidad cacereña de Acebo. En concreto, la quema afectó a casi el 80% del término municipal y despojó de vida a casi 8.000 hectáreas. No obstante, este desastre natural tuvo una parte positiva.
El fuego fue el último empujón que necesitaba el pueblo, cuyo censo rondaba los 600 habitantes, para coger las riendas de su futuro. Así, Dionisio Romero, vecino de la localidad, propuso al Ayuntamiento la iniciativa «Vivir en Acebo», que no tardó en ponerse en marcha.
El proyecto consiste en la posibilidad de que los nuevos empadronados puedan usar terrenos municipales para su posterior explotación agrícola o ganadera en las más de 2.000 hectáreas habilitadas por el Consistorio. «El que se instale en Acebo tiene garantizado el usufructo de su trabajo», ya que lo que se busca es que «el campo esté vivo y que haya vecinos con ganas de mantener nuestro patrimonio cultural», según recoge la página web del programa.
El programa, subvencionado por la Diputación de Cáceres, ofrece ayudas a fondo perdido de entre 30.000 y 70.000 euros para trabajadores menores de 40 años; cofinanciación para proyectos de transformación por parte de la Asociación para el Desarrollo Integral de Sierra de Gata (ADISGATA); y ayudas económicas de la Junta de Extremadura. Además, la Universidad de Extremadura también ofrece asesoramiento en la búsqueda de nuevos proyectos y mejores cultivos.