El Gobierno prepara un plan para combatir la despoblación, que afecta al 53% de España

El Mundo  (RAÚL CONDE Madrid)

Cómo acabar con la España vacía: no sólo bajando impuestos podrá salvarse el campo

Una mañana cualquiera en un enclave de la España interior. Silencio, quietud y carámbanos en los tejados. Las calles reposan semivacías, un tendero ambulante se detiene en la plaza y el panadero toca el claxon a modo de reclamo rutinario. No hay colegio ni comercios. El consultorio médico abre dos veces a la semana y la cobertura móvil no funciona bien ni con la compañía que durante décadas ostentó el monopolio de la telefonía en España.

Esta introducción es un arquetipo de las aldeas que abundan en la geografía rural de nuestro país. Desde las montañas de Lugo hasta el Maestrazgo de Castellón, desde las cimas del Pirineo oscense hasta la Jara y los Montes de Ciudad Real, desde Asturias hasta Molina de Aragón. No es un retrato almibarado, pero tampoco ajustado a la realidad de aquellos rincones que ilustran la imparable desertización del 53% de la superficie española.

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Los pueblos siguen esperando que el maná llegue en forma de capital humano. Sin embargo, ni están habitados por lugareños deprimidos, ni su estampa es ya la que se topó Alfonso XIII en su histórico viaje a Las Hurdes. El bisabuelo del actual Monarca encontró allí caminos polvorientos, abuelas enlutadas y cocinas de leña. El cuento ha cambiado mucho. Carreteras en buen estado, casas confortables, restaurantes de postín. Todo eso convive ahora con las averías en el teléfono fijo, los recortes en el transporte o la insuficiente extensión de la fibra óptica, que sólo cubre el 76% del territorio nacional. Rajoy, en su discurso de balance del año en diciembre, se comprometió a llegar hasta el 85%. Pero evitó fijar una fecha para esta meta.

La resignación y el fatalismo maceran el medio rural. Razones no faltan, aunque se hayan querido enjalbegar con los programas de desarrollo rural -con cargo a Bruselas- y los fondos procedentes de la Política Agraria Común (PAC), cuyo volumen se acerca a los 60.000 millones de euros anuales.

Las políticas públicas aplicadas a las comarcas de interior han sido estériles a la hora de revertir su proceso de abandono. A pesar del turismo. A pesar de las ayudas al sector primario. A pesar de convertir el campo en un asidero para turistas llegados desde Madrid o la costa.

La falta de habitantes en los pueblos ha sido un problema postergado en la agenda política. Lo fue durante la dictadura franquista, que abonó el estereotipo del paleto embardunado en una propaganda oficial que colmaba de elogios al terruño. Y lo ha sido también a lo largo de más de cuatro décadas de democracia. Sólo ahora parece cuajar una inquietud política, aunque aún no se ha traducido en iniciativas tangibles para revertir la despoblación. Si es que esta quimera aún es posible.

“No se ha hecho nada para afrontar el desafío demográfico. Existe mucha filosofía, pero no hay acciones concretas. La sostenibilidad del medio rural no es un capricho porque de esto depende la conservación del entorno y la gestión forestal. Por eso exigimos al Gobierno que tome medidas cuanto antes”, advierte Antoni Such, director general de la Administración Local de la Generalitat Valenciana. Joaquín Palacín, que dirige la política de Ordenación del Territorio en Aragón, explica que el reto demográfico “pasa por afrontar la cuestión de la inmigración, el envejecimiento y los jóvenes, además de potenciar el equilibrio poblacional para que algunas comarcas, como ocurre en Aragón, dejen de tener dos habitantes por kilómetro cuadrado”.

El éxodo de los pueblos a las ciudades no es exclusivo de España. Es un proceso global, aunque en nuestro país adquiere una dimensión dramática en la medida que, según Eurostat, el 62% de los municipios españoles tiene menos de 1.000 habitantes y en ellos apenas vive el 3,15% de los españoles. Alejandro Macarrón, autor del libro El suicidio demográfico de España y director de la Fundación Renacimiento Demográfico, enfatiza que “las provincias que están peor son las que tienen la natalidad más baja. No existe una solución fácil ni asequible, pero habría que incentivar la natalidad y potenciar polos de desarrollo en cada comarca. La gente siempre ha emigrado. Hay que hacer cosas, pero con una mesura”.

Las comunidades afectadas llevan mucho tiempo insistiendo en el mismo discurso: no se trata de llenar los pueblos de gente, sino de equilibrar la estructura demográfica del país. Esta exigencia cristalizó en enero de 2017 durante la Conferencia de Presidentes. Las autonomías integrantes del Foro de Regiones con Desafíos Demográficos (Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura, Galicia y La Rioja) propusieron incluir la demografía como un factor de peso en el próximo modelo de financiación autonómica -aún pendiente de renovación- y pidieron al Gobierno más implicación.

A raíz de esta cumbre, el Ejecutivo creó un nuevo cargo, el Comisionado para el Reto Demográfico, al frente del cual situó a Edelmira Barreira. La ex senadora del PP revela a este periódico que el Gobierno aspira a presentar en un mes una “estrategia nacional en materia demográfica, que atañe al envejecimiento de la población y la inmigración, pero también el despoblamiento”. En todo caso, admite que aún no dispone de asignación presupuestaria ni tampoco de competencias. En su primer año de andadura, la comisionada se ha limitado a crear una comisión interministerial, en la que han participado las comunidades y los municipios, con el fin de evaluar las “prioridades a abordar”. Además, se compromete a ”implicar a la Unión Europea”.

No lo tendrá fácil en esta tarea porque la grave situación que arrastra España convierte a nuestro país prácticamente en una rara avis en Europa. A modo de ejemplo: en Francia, más del 70% de sus administraciones locales tienen menos de 1.000 habitantes. Sin embargo, la densidad de población de esos núcleos triplica la española. Según la Federación Española de Municipios y Provincias, la mitad de los 8.100 municipios españoles está en riesgo de extinción a medio o largo plazo por no alcanzar el millar de habitantes.

El diagnóstico de la despoblación es desalentador. De ahí que muchos ayuntamientos y asociaciones prefieran dejar de hablar de despoblación para hacerlo de repoblación, en aras de forzar un cambio de mentalidad. Pero este es un tránsito inviable si no se materiliza en los Presupuestos, un objetivo hasta ahora taponado por la falta de voluntad política y la maraña de planes que se quedan en agua de borrajas.

El Gobierno, por ahora, descarta reactivar la Ley de Desarrollo Rural. La norma, aprobada en 2007, sigue vigente pero sin dotación económica. Sin embargo, los miembros de la Comisión Especial del Senado sobre la evolución demográfica -tras visitar esta semana Cuenca, Soria y Teruel- se han comprometido “a llegar a una solución en breve”, siguiendo el modelo de las Tierras altas de Escocia.

A la espera de ver materializadas estas promesas, los Gobiernos autonómicos han impulsado programas específicos orientados a intentar frenar la sangría demográfica. El más preciso es el de Aragón, cuya directriz promueve 380 iniciativas. En cambio, la inversión más ambiciosa es la del Principado de Asturias, que se ha propuesto movilizar 2.275 millones hasta 2027, especialmente, en infraestructuras y servicios básicos.

“Gestionar la sanidad o la educación en el medio rural dispara su coste. Por eso pedimos un tratamiento fiscal especializado”, afirma José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente de Castilla-La Mancha, región que tiene comprometidos para sus comarcas más afectadas 507 millones de euros de fondos comunitarios.

Aurelio García, presidente de la Red Española de Desarrollo Rural, que engloba a 170 grupos locales, recuerda que “nunca hubo una política transversal” capaz de aglutinar a todas las administraciones. “Y cuando se han hecho planes no ha existido una dotación especial pensando en revertir la despoblación”, concluye.

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